El presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional protagonizan un nuevo enfrentamiento que aviva la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. Las recientes decisiones del alto tribunal han generado molestias en el Gobierno, que ve en estas determinaciones un obstáculo para la implementación de sus políticas.
Uno de los puntos de discordia es la revisión de normas clave impulsadas por el Gobierno, las cuales han sido objeto de control constitucional. Petro ha manifestado su inconformidad en redes sociales, señalando que algunas decisiones judiciales afectan el avance de reformas fundamentales para su administración.
Por su parte, la Corte Constitucional ha defendido su rol como garante del equilibrio de poderes y la defensa de la Carta Magna. Expertos en derecho advierten que este tipo de tensiones son naturales en una democracia, pero también alertan sobre los riesgos de una confrontación prolongada entre el Ejecutivo y la justicia.
El debate sigue abierto y podría tener implicaciones en la estabilidad institucional del país. Mientras tanto, los ciudadanos observan con atención el desarrollo de este pulso entre dos de las principales ramas del poder en Colombia.
