Un juez de Bogotá ha ordenado el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda millonaria con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales. La medida afecta a los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, que deberán responder por las obligaciones financieras pendientes con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, una filial de EPM.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también preside la junta directiva de EPM, ha expresado su preocupación por la situación financiera de la empresa debido a las deudas acumuladas por el Gobierno Nacional. Gutiérrez advirtió sobre posibles riesgos de apagones masivos si no se resuelven estas obligaciones, que ascienden a 4,4 billones de pesos.
La deuda acumulada ha puesto en una situación crítica a EPM y sus filiales, afectando la prestación de servicios esenciales en varias regiones del país. La empresa ha instado al Gobierno Nacional a cumplir con sus compromisos financieros para evitar una crisis energética que podría impactar a millones de colombianos.
Las autoridades competentes están trabajando en soluciones para resolver esta problemática y garantizar la estabilidad del sector energético en Colombia. Se espera que, con el cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno, se eviten interrupciones en el servicio y se mantenga la confianza en las instituciones encargadas de la prestación de servicios públicos.
