Presencia del cardenal Cipriani en actos previos al cónclave de 2025 desata polémica en el Vaticano

Presencia del cardenal Cipriani en actos previos al cónclave de 2025 desata polémica en el Vaticano

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani Thorne, de 81 años, se encuentra en el centro de una polémica por su participación en las congregaciones generales previas al cónclave de 2025, a pesar de estar sancionado por el Vaticano desde 2019 debido a una acusación de abuso sexual. 

Aunque su edad le impide votar en el cónclave, su presencia en estos actos ha generado críticas y preocupación entre organizaciones de víctimas y sectores de la Iglesia. 

En 2019, el papa Francisco impuso a Cipriani un “precepto penal” tras una denuncia de abuso sexual ocurrido en 1983. Las sanciones incluyeron la prohibición de realizar actividades públicas, restricciones sobre su lugar de residencia y la prohibición de usar insignias cardenalicias. Estas medidas fueron confirmadas por el Vaticano en enero de 2025 y siguen vigentes.  

A pesar de las sanciones, Cipriani ha sido visto participando en actos oficiales en Roma, incluyendo las congregaciones generales previas al cónclave. 

Su presencia ha sido criticada por organizaciones como Bishop Accountability, que documenta casos de violencia clerical, y por sobrevivientes de abusos, quienes consideran que su participación contradice los esfuerzos de la Iglesia por combatir el abuso sexual y proteger a las víctimas.  

La presencia de Cipriani en estos actos ha generado indignación y cuestionamientos sobre el compromiso del Vaticano con la transparencia y la rendición de cuentas en casos de abuso sexual. Aunque la Oficina de Prensa del Vaticano ha confirmado que las sanciones contra Cipriani siguen vigentes, no ha aclarado si su participación en las congregaciones generales constituye una violación de dichas sanciones ni qué medidas se tomarán al respecto. 

Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en su lucha contra el abuso sexual y la necesidad de aplicar de manera coherente y transparente las sanciones impuestas a miembros del clero acusados de conductas indebidas.

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