El escándalo que involucra a Laura Sarabia, actual canciller de Colombia, se originó en mayo de 2023 tras la denuncia de su exniñera, Marelbys Meza. Meza afirmó haber sido sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño, en un sótano, luego de que desapareciera una maleta con dinero en la residencia de Sarabia.
Aunque la prueba de polígrafo es voluntaria y carece de valor probatorio legal, Meza denunció que fue presionada para firmar la autorización y que se sintió “secuestrada” durante el procedimiento. Además, se descubrió que su teléfono fue interceptado ilegalmente por miembros de la Dijín, quienes falsificaron documentos para justificar las escuchas, haciéndola pasar por miembro del Clan del Golfo.
Como resultado, en septiembre de 2024, dos policías fueron condenados a 10 años de prisión por interceptaciones ilegales a Meza. Sin embargo, Meza sostiene que los verdaderos responsables aún no han sido sancionados y que su vida se ha visto gravemente afectada por el caso.
Laura Sarabia ha negado haber ordenado la prueba de polígrafo y ha declarado ante la Fiscalía que Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, manipuló a Meza en el contexto del robo. A pesar del escándalo, Sarabia fue nombrada canciller en enero de 2025 por el presidente Gustavo Petro.
El nombramiento de Sarabia ha generado un intenso debate en Colombia sobre el uso del poder estatal y las garantías legales para los ciudadanos, especialmente en situaciones que involucran a funcionarios de alto nivel.
