La decisión de la Fiscalía General de la Nación de revertir la imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) provocó indignación entre familiares, sectores políticos y ciudadanos que siguen el caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La medida fue interpretada como un revés en el esclarecimiento de las posibles fallas en el esquema de seguridad que protegía al dirigente político antes de su muerte.
La controversia se intensificó debido a que la imputación estaba relacionada con una presunta omisión en la atención de solicitudes de refuerzo de seguridad, advertencias que, según la defensa de la familia Uribe, fueron reiteradas y no habrían sido atendidas oportunamente. Para muchos, la reversión del proceso genera dudas sobre la voluntad institucional de llegar hasta el fondo de las responsabilidades en un crimen que conmocionó al país.
En redes sociales y espacios de opinión se multiplicaron los reclamos de justicia y transparencia, señalando que el caso Miguel Uribe no puede quedar en la impunidad. Voces ciudadanas exigieron que la investigación continúe sin dilaciones y que se establezcan responsabilidades claras, en respeto a la memoria del senador y al derecho de la sociedad a conocer la verdad.
