El joven activista colombiano Francisco Vera, reconocido por su defensa del medio ambiente y los derechos humanos, ha solicitado formalmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), bajo la dirección de Astrid Cáceres, que garantice su seguridad y derechos fundamentales. Esta petición surge tras una serie de ataques y amenazas recibidas en redes sociales debido a su postura política y ambiental.
Francisco Vera, de 16 años, ha sido blanco de críticas y agresiones en plataformas digitales, especialmente en X (anteriormente Twitter), donde ha sido acusado de promover al actual gobierno y de estar vinculado con grupos armados ilegales. Uno de los ataques más recientes provino del abogado Carlos Manjarrés, quien en una publicación insinuó que Vera apoyaba ideas violentas y extremistas.
Ante estas acusaciones, Vera respondió destacando que, como abogado, Manjarrés debería ser consciente de la gravedad de sus afirmaciones y de las implicaciones legales de estigmatizar a un menor defensor de derechos humanos. A pesar de esta respuesta, los ataques continuaron, lo que llevó al joven activista a recurrir al ICBF para solicitar protección.
En su solicitud, Francisco Vera enfatizó la necesidad de que el ICBF garantice su derecho a la vida, la libertad de expresión y la participación, derechos que considera vulnerados por las constantes amenazas y señalamientos en su contra. Además, hizo un llamado a la directora Astrid Cáceres para que tome medidas efectivas en su caso, al igual que en otros casos de menores en situaciones similares.
Esta no es la primera vez que Vera enfrenta amenazas por su activismo. Desde los 11 años ha sido objeto de intimidaciones, lo que ha llevado a organismos internacionales, como las Naciones Unidas, a expresar su preocupación por la seguridad del joven y a instar al gobierno colombiano a tomar medidas para protegerlo.
La situación de Francisco Vera pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los jóvenes defensores de derechos humanos en Colombia y la necesidad de garantizar entornos seguros para que puedan ejercer su activismo sin temor a represalias.
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