Revocatorias de mandato: ¿Un derecho ciudadano o una herramienta política?
La posibilidad de revocar el mandato de alcaldes y gobernadores en Colombia está contemplada en los artículos 40 y 103 de la Constitución y en la Ley 1757 de 2015. Este mecanismo busca garantizar que los mandatarios locales cumplan con los programas de gobierno por los cuales fueron elegidos. Sin embargo, su aplicación siempre genera debate debido a los posibles abusos y motivaciones políticas que suelen acompañar estos procesos.
El procedimiento inicia con la inscripción de un grupo promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, que debe justificar su solicitud y recolectar un mínimo de firmas válidas equivalentes al 30% de los votos obtenidos por el mandatario en su elección, si estas fueran reconocidas como válidas, se convocaría a un proceso de elecciones. Además, es importante aclarar que el comité promotor es responsable de gestionar de forma transparente todas las actividades administrativas y financieras de la campaña, asegurando que los estados contables cumplan con los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral y que se informe claramente el origen de los recursos empleados para la logística, esto es qué personas naturales y jurídicas aportaron en tal propósito.
La Ley establece que las iniciativas de revocatoria solo pueden presentarse a partir del segundo año de mandato del alcalde o gobernador en cuestión. Además, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-150 de 2015, determinó que no se podrán realizar votaciones de revocatoria durante el último año del periodo constitucional del mandatario. Para que la revocatoria sea efectiva, al menos el 40% del total de votantes registrados en las elecciones iniciales deben participar en la votación, y la mayoría absoluta de estos debe apoyar la revocatoria.
En teoría, la revocatoria promueve la rendición de cuentas y fortalece la democracia participativa. Sin embargo, en la práctica, enfrenta múltiples retos. Uno de los principales es, su posible uso como herramienta de revanchas políticas, donde en lugar de evaluar el cumplimiento del plan de gobierno, se busca desestabilizar administraciones con las que no se tiene afinidad política. Esto genera un desgaste administrativo y político que afecta directamente la ejecución de proyectos clave en los territorios.
Además, los casos exitosos de revocatoria son mínimos.
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, solo dos mandatarios han sido revocados: el alcalde de Tasco, Boyacá, en 2018, y la alcaldesa de Susa, Cundinamarca, en 2022. Este panorama lleva a cuestionar si el esfuerzo y los recursos destinados a estos procesos justifican los resultados obtenidos.
