El Congreso de la República de Colombia ha aprobado la Ley Lorenzo, una normativa que establece nuevas condiciones para el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada, con el objetivo de garantizar su bienestar y calidad de vida.
Principales disposiciones de la Ley Lorenzo:
• Reducción del tiempo de servicio: Los perros podrán trabajar en labores de seguridad por un máximo de seis años, disminuyendo el periodo anterior de ocho años.
• Planes de bienestar y retiro: Las empresas de seguridad están obligadas a implementar programas que aseguren espacios adecuados para el descanso, tiempos de esparcimiento, planes nutricionales de alta calidad y protección contra condiciones climáticas adversas.
• Responsabilidad compartida: Tanto las empresas de vigilancia como las que contraten estos servicios serán responsables del bienestar de los perros, incluyendo la disponibilidad de atención veterinaria las 24 horas.
• Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada: Se creará una base de datos para monitorear el historial y condiciones de cada animal, asegurando un control riguroso sobre su estado de salud y trabajo.
• Capacitación obligatoria: El personal que trabaje con estos animales deberá formarse en etología y bienestar animal a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
• Supervisión y control: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, junto con entidades territoriales, será la encargada de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la ley, incluyendo la instalación obligatoria de cámaras de vigilancia en los puestos de trabajo y caniles.
Esta legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos de los animales empleados en el sector de la seguridad privada en Colombia, buscando garantizar condiciones de vida dignas y un trato respetuoso.
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