La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, por presuntas irregularidades en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El alto tribunal busca establecer si el congresista incurrió en el delito de concusión, al supuestamente exigir a sus colaboradores aportes económicos de sus salarios y asignarles funciones ajenas a su labor legislativa.
Como parte de las diligencias, la Corte ordenó a las operadoras móviles entregar los registros de comunicaciones entre Racero y uno de sus exasesores, así como verificar la autenticidad de chats que circulan en medios de comunicación y que lo comprometerían. En paralelo, el Consejo de Estado programó una audiencia pública para estudiar una demanda de pérdida de investidura en su contra.
Además, la Procuraduría General adelanta un proceso disciplinario por posibles casos de tráfico de influencias e irregularidades contractuales, lo que aumenta el panorama judicial adverso para el congresista. De ser hallado culpable, Racero enfrentaría sanciones penales, la pérdida de su curul e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
