La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción ejemplar a la patrullera Erika Judith Pérez Romero, quien fue destituida e inhabilitada por 10 años de ejercer cualquier cargo público, tras comprobar que golpeó con su bastón tonfa a un ciudadano durante un procedimiento en la localidad de Suba.

El incidente ocurrió el 15 de octubre de 2024, cerca del humedal Juan Amarillo, durante un operativo en el que se revisaba a ciudadanos presentes. Fue captado en video cómo Pérez Romero golpeó en la cara a Juan Sebastián Nova, generando indignación a raíz de la viralización del video en redes sociales.

La Procuraduría determinó que la patrullera abusó de su autoridad al excederse en el uso de la fuerza, violando los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. En fallo de primera instancia, la conducta fue calificada como “gravísima, a título de dolo”.

Pérez Romero había sido suspendida provisionalmente desde mayo de 2025 mientras se desarrollaba la investigación. Posteriormente, la Fiscalía Penal Militar la imputó en abril por el delito de lesiones personales.

La patrullera alegó que había sufrido extorsión por parte del ciudadano y que el daño fue accidental; sin embargo, la Procuraduría calificó como insuficiente su versión y rechazó sus alegatos.

El caso también puso en tela de juicio la posibilidad de grabar procedimientos policiales. En su comunicado, la Procuraduría enfatizó que estos actos están protegidos y que ninguna defensa puede justificar un uso excesivo de la fuerza.

El alcalde de Bogotá se pronunció públicamente, realizando un llamado a la Policía Nacional para fortalecer la formación en derechos humanos y reiterar que no se tolerará el abuso de autoridad.

El proceso disciplinario se encuentra en primera instancia y podrá ser apelado por la patrullera. No obstante, la destitución e inhabilidad por diez años representan un fuerte mensaje en los casos de abuso policial y refuerzan la atención sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas.