Alexander Builes Arroyave, exfuncionario de la Universidad de Antioquia, enfrenta acusaciones por el presunto desvío de más de 135 millones de pesos destinados a las pensiones de empleados de la institución. Según la Fiscalía, entre 2021 y 2022, Builes, quien laboraba en la división de talento humano, habría utilizado la identidad de su padre para apropiarse de las mesadas pensionales.
Modus operandi
Las investigaciones revelan que Builes Arroyave creó una cuenta bancaria a nombre de su padre, quien nunca tuvo vínculo laboral con la universidad y desconocía las actividades ilícitas de su hijo. A través de esta cuenta, el exfuncionario habría desviado los fondos destinados a pensionados, manipulando el Sistema de Gestión de Personal (SIPE) de la universidad para reemplazar nombres de beneficiarios fallecidos por el de su progenitor. Se le atribuyen al menos 24 actos delictivos relacionados con este esquema.
Proceso judicial
La Fiscalía imputó a Builes Arroyave los delitos de peculado por apropiación y acceso abusivo a un sistema informático. Durante las audiencias, el acusado no aceptó los cargos. La Universidad de Antioquia no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso hasta el momento.
Antecedentes similares
Este incidente se suma a otros casos de corrupción en la Universidad de Antioquia. En abril de 2021, Sandra Natalia Durango, extrabajadora de la Escuela de Idiomas, fue condenada a 30 meses de prisión por apropiarse de cerca de 15 millones de pesos entre 2017 y 2018. Durango engañó a 27 estudiantes, haciéndoles creer que podrían obtener cupos en cursos de idiomas a cambio de pagos que nunca ingresaron a las arcas oficiales. Además, alteró el sistema informático de la universidad para simular transacciones legítimas. Tras aceptar los cargos, se le concedió prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia.
Repercusiones y medidas futuras
Estos casos han generado preocupación en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, resaltando la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en las instituciones públicas. La transparencia y la integridad en la gestión de recursos son fundamentales para mantener la confianza en las entidades educativas y garantizar el bienestar de sus empleados y beneficiarios.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados en estos hechos y para implementar medidas que eviten la repetición de situaciones similares en el futuro.
