La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha iniciado una investigación sobre Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, en relación con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se le acusa de haber participado en el direccionamiento de contratos para obtener el apoyo de congresistas en la aprobación de créditos internacionales.
Según informes, el 11 de diciembre de 2023, Bonilla habría transferido 700.000 millones de pesos a la UNGRD, presuntamente para asegurar contratos como prebendas. Un día después, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó cinco créditos adicionales, lo que sugiere una posible relación entre la transferencia de fondos y la aprobación de los créditos.
María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, declaró ante la Fiscalía que el ministro estaba al tanto y aprobó las acciones relacionadas con el direccionamiento de contratos. Estas declaraciones han intensificado el escrutinio sobre Bonilla y otros funcionarios implicados.
En respuesta a estas acusaciones, Bonilla ha negado cualquier participación en actividades ilegales, afirmando que “los delincuentes son otros”. A pesar de las investigaciones en curso, el presidente Gustavo Petro ha expresado su respaldo al ministro de Hacienda, subrayando la importancia de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Este caso ha generado una amplia atención pública y mediática, reflejando preocupaciones sobre la corrupción en el gobierno y sus implicaciones para la confianza en las instituciones estatales.
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