JEP imputa a 28 exmilitares por 604 casos de falsos positivos en la Costa Caribe 

JEP imputa a 28 exmilitares por 604 casos de falsos positivos en la Costa Caribe 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 28 exmilitares por su presunta participación en 604 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas entre 2002 y 2008 en la región de la Costa Caribe colombiana. 

Detalles de las imputaciones:

• Altos oficiales implicados: Entre los imputados se encuentran tres mayores generales retirados: Hernán Giraldo Restrepo, Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo; además de dos brigadieres generales: Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez. 

• Unidades militares involucradas: Los oficiales pertenecieron a las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera de la División 1 del Ejército, así como al Comando Conjunto Caribe, que operaban en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre. 

Perfil de las víctimas:

• Diversidad de afectados: Entre las víctimas se identificaron 31 indígenas de los pueblos Wayuú, Wiwa y Kankuamo; 20 niños, incluyendo un indígena Wayuú; seis niñas, entre ellas una indígena Wiwa; 14 mujeres, incluyendo una mujer Wiwa embarazada; y otras 122 personas aún sin identificar. 

• Modus operandi: Según la JEP, los menores fueron engañados por reclutadores que se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad e inocencia. 

Distribución geográfica de los casos:

• Departamentos más afectados: Cesar (193 casos), La Guajira (173), Córdoba (76) y Sucre (75). 

• Incremento de casos: El fenómeno criminal aumentó entre 2004 y 2007, pasando de 24 ejecuciones en 2004 a 257 en 2007. 

Contexto histórico:

El escándalo de los “falsos positivos” se refiere a la práctica en la que miembros del Ejército colombiano asesinaron a civiles inocentes y los presentaron como bajas en combate para inflar estadísticas y obtener beneficios. Este fenómeno alcanzó su punto máximo entre 2006 y 2009, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

La JEP continúa investigando estos casos para esclarecer la verdad y garantizar justicia para las víctimas y sus familias. 

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