Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó avances en la investigación de los ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2004 y 2007, revelando que estos crímenes no hicieron parte de la política de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe.
El pronunciamiento fue realizado por la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, durante la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales de la IV Brigada del Ejército Nacional. Según la JEP, estos militares serían responsables del asesinato y desaparición forzada de 422 personas en Antioquia.
Díaz explicó que la política de seguridad democrática no incluía directrices sobre “control de cuerpos” ni medía el éxito en función de bajas enemigas. Además, señaló que el plan ‘Patriota’, financiado por EE.UU., establecía otros indicadores de éxito, como la reducción de secuestros y extorsiones.
La magistrada planteó la incógnita central del caso: “¿Por qué los generales de la IV Brigada impusieron esta política de control de cuerpos de manera abierta y explícita durante seis años en todas sus comunicaciones oficiales?”.
En respuesta, el expresidente Uribe criticó la imputación a los militares, afirmando que la JEP “no para en su propósito de destruir las Fuerzas Militares” y defendió los resultados de su política de seguridad en Antioquia.
El proceso continúa en curso, con el país atento a nuevas revelaciones sobre este oscuro episodio del conflicto armado colombiano.
