La designación de José Alexis Mahecha, exagente del DAS vinculado a investigaciones por interceptaciones ilegales, como subdirector general del DAPRE, suscita críticas y cuestionamientos en la opinión pública.
El reciente nombramiento de José Alexis Mahecha Acosta como subdirector general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ha generado una ola de controversia debido a su pasado en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Mahecha, quien se desempeñó como agente del DAS entre 2004 y 2009, ocupó cargos directivos en varias regiones del país. Durante su gestión como jefe seccional en Santander, fue señalado en investigaciones relacionadas con interceptaciones telefónicas ilegales a directivos del diario Vanguardia Liberal, lo que llevó a su traslado a otras seccionales y, posteriormente, a su salida de la entidad.
A pesar de estos antecedentes, Mahecha continuó su carrera en el sector público. Entre 2017 y 2019, ocupó el cargo de secretario de Movilidad de Ibagué durante la administración del entonces alcalde y actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Su gestión en Ibagué también estuvo marcada por denuncias de irregularidades y maltrato laboral.
Más recientemente, Mahecha ocupó múltiples cargos en el Ministerio de Salud y Protección Social, incluyendo el de subdirector de Gestión de Operaciones y subdirector encargado de Gestión del Talento Humano. Su rápida ascensión y la acumulación de responsabilidades en el ministerio generaron inquietudes sobre una posible concentración indebida de poder.
La designación de Mahecha como subdirector general del DAPRE ha sido interpretada por algunos analistas como un refuerzo de la influencia del ministro Jaramillo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, dado el historial de colaboración entre ambos funcionarios.
Este nombramiento ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública, especialmente por los antecedentes de Mahecha en el DAS y las investigaciones en las que se vio involucrado. La controversia pone de manifiesto las tensiones y desafíos que enfrenta el actual gobierno en la conformación de su equipo de trabajo y en la gestión de la confianza pública.
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