El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una nueva controversia nacional tras afirmar que, según un informe científico forense de la justicia colombiana, ninguna bala proveniente de armas del M-19 fue encontrada en los cuerpos de los magistrados asesinados durante la Toma del Palacio de Justicia. Petro explicó que las armas utilizadas por el grupo insurgente eran de marca diferente a las del Estado, lo que permitió determinar que los proyectiles hallados no correspondían al armamento de la exguerrilla.
Estas declaraciones reavivan el debate sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia del país, ocurrido en noviembre de 1985, cuando el M-19 irrumpió en el Palacio y las Fuerzas Armadas ejecutaron una retoma que dejó más de un centenar de muertos y desaparecidos. Desde sectores de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, se criticó al mandatario por intentar “reescribir la historia” y minimizar la responsabilidad del M-19 en los hechos.
El pronunciamiento presidencial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la verdad histórica y las responsabilidades en la tragedia. Expertos y familiares de las víctimas pidieron conocer el informe completo al que aludió el mandatario, mientras organismos de derechos humanos insisten en que el Estado debe garantizar transparencia en la divulgación de los resultados forenses y en la búsqueda de justicia para las víctimas.
