Tormenta jurídica sacude al Concejo de El Carmen de Viboral: declaran nula elección de secretaria general tras polémico convenio con CETASDI S.A.S
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Tormenta jurídica sacude al Concejo de El Carmen de Viboral: declaran nula elección de secretaria general tras polémico convenio con CETASDI S.A.S

Una nueva controversia legal remueve los cimientos del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. El Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró la nulidad del acto de elección de Lida Marcela Gómez Hoyos como secretaria general para el periodo 2025, tras una demanda interpuesta por el abogado Óscar Yoani Arboleda Cardona, quien denunció graves irregularidades en el proceso de selección.

La sentencia en primera instancia pone en entredicho la legalidad de un concurso que, según el fallo, violó principios básicos de la contratación pública, al ser liderado por CETASDI S.A.S., una entidad que no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1904 de 2018. El abogado Arboleda, también participante en el proceso, argumentó y logró demostrar que CETASDI carece de acreditación de alta calidad y no ostenta el carácter de institución de educación superior, como exige la normativa para este tipo de procesos.

El caso no solo implica la nulidad del nombramiento, sino que abre un debate profundo sobre la transparencia, la responsabilidad administrativa y el eventual desconocimiento deliberado del marco legal vigente. ¿Fue un error técnico o hay omisiones graves que podrían comprometer la responsabilidad de más funcionarios?

Además, crece la preocupación por el posible uso recurrente de entidades no habilitadas para validar procesos de elección en cargos públicos, lo que podría estar ocurriendo en otros municipios del país, bajo un manto de legalidad aparente.

La controversia, que apenas comienza, podría escalar si se demuestra que hubo negligencia o dolo en la contratación de CETASDI. El precedente judicial exige al Concejo Municipal repetir el proceso de selección, esta vez con total apego a la ley, garantizando equidad y transparencia a los participantes y a la ciudadanía carmelitana.

Mientras se espera si el fallo será apelado, el mensaje es claro: los concursos públicos deben ser blindados frente a intereses particulares, errores administrativos o atajos jurídicos. Este caso ya marca un hito en la lucha por la legalidad y el control de la función pública en las entidades territoriales.

Lea la sentencia completa aquí

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